Compartir

Mediante este artículo daré continuidad al tema anterior, el principio de legalidad tributaria. Ahora lo abordaremos desde una perspectiva práctica, ya que analizaremos una sentencia dictada el veintisiete de mayo de dos mil ocho por la Corte de Constitucionalidad de la Republica de Guatemala, la cual tiene una estrecha relación con principio de legalidad en materia tributaria. Les recordamos que el audio de este artículo de este audio lo pueden encontrar en el link a continuación: https://www.youtube.com/channel/UCUaKT62FV_JO1ILgdNm1iKA

Asimismo, que pueden suscribirse nuestros canales de Youtube y Spotify para enterarse de futuras publicaciones. Si desean profundizar en contenido de la sentencia, recomiendo descargarla del sitio web de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala con el número de expediente 3,845-2007.  

Ahora, entremos en materia. Dentro del citado expediente se planteo una acción de inconstitucionalidad general en contra de una norma que modificó algunas tarifas o tipos impositivos arancelarios del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano. La denominación exacta de la norma impugnada es “Resolución número 207 2007 emitida por Consejo de Ministros de Integración Económica de 25 de octubre de 2007”.

El alegato de la accionante se resume así: conforme al artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala, corresponde con exclusividad al Congreso decretar impuestos, arbitrios y contribuciones especiales, así como sus elementos, incluidos las tasas o tarifas impositivas. Siendo que los aranceles han sido catalogados por la Corte en anteriores ocasiones como “típicos impuestos”, deben ser decretados con exclusividad por el Congreso de la República, así también las modificaciones que se hagan a sus bases impositivas, entre ellas el tipo impositivo del impuesto.  Por ello, la norma impugnada emitida por el Consejo de Ministros de Integración Económica, es violatoria al Principio de Legalidad en virtud que modifica las tarifas impositivas de los derechos arancelarios a la importación aplicables en Guatemala, lo que es una facultad exclusiva del Congreso de la República conforme el artículo citado.

Ahora vamos a ver el contenido de la sentencia. La Corte de Constitucionalidad declaró sin lugar el planteamiento de inconstitucionalidad, y estas fueron sus palabras literales transcritas parcialmente por supuesto, ya que por razones de tiempo no podemos transcribirlas totalmente, pero como dije anteriormente, pueden descargar ustedes completamente la sentencia:  “ esta Corte ya ha resuelto la naturaleza de los aranceles, al calificarlos como “típicos impuestos” o “clásicos impuestos”  …procede a continuación determinarse si la resolución 207-2007 emitida por el Consejo de Ministros de Integración Económica, de veinticinco de octubre de dos mil siete, viola el principio de legalidad tributaria. … El artículo 171, literal l) numeral 2) de la Constitución Política de la República de Guatemala otorga la facultad al Congreso de la República de aprobar tratados que “…establezcan la unión económica o política de Centroamérica, ya sea parcial o total, o atribuyan o transfieran competencias a organismos, instituciones o mecanismos creados dentro de un ordenamiento jurídico comunitario concentrado para realizar objetivos regionales y comunes en el ámbito centroamericano”.  Ese último artículo es del mismo rango Constitucional que los anteriores y faculta al Congreso de la República, en forma expresa, para aprobar tratados que transfieran competencias a organismos, instituciones o mecanismos creados dentro de un ordenamiento jurídico comunitario en el ámbito centroamericano.  Es obvio que el Consejo de Ministros de Integración Económica es un organismo comunitario centroamericano y que fue creado por un tratado. En virtud de lo anterior, la competencia de decretar impuestos del Congreso de la República de Guatemala sí es transferible, en este caso particular, por tratarse de un organismo comunitario centroamericano. Por tanto, esta Corte concluye que la Resolución 207-2007 emitida por el Consejo de Ministros de Integración Económica no entra en conflicto con el principio de legalidad tributaria, al haber sido aprobada por un órgano Comunitario Centroamericano que fue creado dentro del marco de un tratado, el Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano. El referido tratado fue aprobado en Guatemala mediante Decreto Ley 123-84 y ratificado mediante Acuerdo Gubernativo 771-85. Debe hacerse notar que el tratado en que se hizo la transferencia de atribuciones fue aprobado por un Decreto Ley.  No obstante, la validez jurídica de las normas de ese período fue reconocida por el artículo 16 de las Disposiciones Transitorias de la Constitución Política de la República de Guatemala, por lo que se habría satisfecho de esa forma el requisito de Aprobación del tratado mediante la aprobación de un Decreto Ley, al que la actual Constitución le dio plena vigencia. Debe agregarse además, que en el Capitulo VI del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, … subroga funciones en el Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericano...”

A continuación, expongo mi criterio, el cual puede o no ser compartido por los oyentes. No estoy de acuerdo con los razonamientos de la Corte de Constitucionalidad por las siguientes razones:

En primer lugar, la sentencia rompe con la raíz histórica y el fundamento doctrinal del principio de legalidad: la representación del pueblo. En el podcast anterior remarqué la frase de Lord Acton que resume el contenido del principio de legalidad: “no taxation without representation” que traducida al español significa “no se debe tributar sin representación”.  En el presente caso, se está permitiendo a un órgano que no representa en lo mas mínimo a los contribuyentes, puesto que los integrantes de Consejo de Ministros Centroamericano no son electos democráticamente;

En segundo lugar, es importante analizar que el Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, mediante el cual se realizó la transferencia de la competencia de crear y modificar aranceles al Consejo de Ministros de Integración Centroamericana, fue aprobado por la República de Guatemala por el Decreto Ley 123-84 y ratificado mediante Acuerdo Gubernativo 771-85. Dicho decreto ley no emanó del Congreso de la República de Guatemala, sino que fue dictado y firmado por el entonces Jefe de Estado y Ministro de la Defensa Nacional, el General Oscar Humberto Mejía Víctores. En la Sentencia en mención no desarrolla mucho este extremo, solamente pareciera justificarlo indicando que la vigencia de dicho Decreto Ley fue reconocida por el artículo 16 de las Disposiciones Transitorias de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahora bien, las disposiciones transitorias de la Constitución guatemalteca reconocieron la vigencia también del Código Civil (Decreto Ley 106) Código Procesal Civil y Mercantil (Decreto Ley 107) y otras normas, pero distinto es reconocer la vigencia que reconocer la constitucionalidad o no de su contenido. En ese sentido, han sido varias las normas del Código Civil que ya han sido declaradas inconstitucionales. Es decir que el hecho de que les hayan reconocido vigencia en la constitución no ha impedido que se entre a conocer y se declare la inconstitucionalidad de artículos específicos del contenido de esos decretos. En el presente caso, considero que la norma impugnada adolece de una fuerte transgresión constitucional al artículo 239 de la Constitución que expresamente indica que la potestad de crear impuestos, incluidos los típicos impuestos como los derechos arancelarios, así como los elementos de éstos (base imponible, tarifa, hecho generador), corresponde con exclusividad al Congreso de la República;

Como tercer punto debemos recordarnos de aquella frase famosa del derecho “nadie puede dar lo que no tiene”. Este presupuesto general, “ser dueño de algo para poder transmitirlo” es importante traerlo a colación para el análisis de este caso, porque quien ha transmitido la competencia de crear y modificar impuestos (aranceles) fue un Jefe de Estado, no electo democráticamente, es decir, sin representación de pueblo, por lo tanto se rompe la cadena de delegación de competencias. El pueblo es quien dice cuanto impuesto quiere pagar, y por eso delega su voz y voto al Congreso de la República. Surge la interrogante entonces: ¿pudo transferir una competencia que no era suya el Jefe de Gobierno? Mi criterio es que no.

También es importante comparar lo que han realizado otros países miembros de ese Convenio para respetar sus constituciones. A manera de ejemplo, podemos ver que la República de El Salvador, por medio de su Asamblea Legislativa, emitió el Decreto Legislativo 114 de fecha 17 de septiembre de 2012 aprobó la modificación algunas partidas arancelarias.  Existen otros decretos de la Asamblea Legislativa de El Salvador que modifican parcialmente las partidas arancelarias.

A manera de conclusión, considero importante analizar de nuevo las sentencias, ya que, si bien, debemos acatar lo declarado por la autoridad constitucional, siempre se puede reconsiderar un planteamiento de inconstitucionalidad con un enfoque más maduro. A mi criterio debió presentarse la inconstitucionalidad en contra del artículo específico del Decreto Ley 123-84 que delega las facultades de crear y modificar aranceles, en vez de plantearla en contra de la resolución del Consejo de ministros de Integración Centroamericana que modificó las partidas. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte a Youtube o Spotify, darle “like” y compartirlo con quienes consideres puedan tener interés.

Artículos relacionados