Compartir

La globalización es la apertura de una sociedad hacia el resto del mundo, compartiendo y beneficiándose de la cultura, economía, ciencia y tecnología de las sociedades o países que han desarrollado más y mejor sus recursos, su arte y sus conocimientos. La globalización tiende a considerar el mercado mundial como una unidad. De esta cuenta que en los tratados de libre comercio suscritos entre países se observe la tendencia progresiva de suprimir las barreras arancelarias y los compromisos de los Estados parte de procurar una legislación y política económica que permita la libre circulación de capitales en todo el mundo.
La globalización no consiste solamente en que las empresas del mundo aumenten sus ventas mediante las exportaciones, sino también en la búsqueda de oportunidades para la reducción de sus costos en otros países, logrando rentabilidad de sus inversiones. En efecto, de la globalización se ha desprendido un fenómeno denominado la deslocalización, que consiste en el traslado de capitales a países que ofrecen mejores condiciones de producción o generación de servicios, ya sea porque la mano de obra sea más barata y calificada, los grupos sindicales tengan menos poder, o bien, porque se ofrezcan beneficios fiscales para incentivar la inversión extranjera.

Estas fugas de capitales pueden ir en perjuicio de los intereses fiscales de cada Estado. Si los países del mundo no regulasen precios de transferencia, las mayores utilidades fiscales se generarían en los países que ofreciesen regulaciones fiscales más favorables o con menor carga tributaria, sin que los países de dónde provienen dichas inversiones pudiesen hacer nada al respecto. De esta cuenta, la regulación de precios de transferencia requiere que las transacciones entre partes relacionadas, se celebren como si estuvieran celebradas entre partes independientes. Sin perjuicio de la mayor amplitud que pueda darle la ley al concepto, en términos generales partes relacionadas son todas aquellas empresas que forman parte de un grupo corporativo vinculadas entre sí por inversión de capitales. Para que la legislación guatemalteca de precios de transferencia alcance a las partes relacionadas, es necesario que una de ellas se ubique en el exterior y se generen entre sí intercambios de bienes y servicios.
Guatemala está ya inmersa en la regulación de precios de transferencia con el Decreto 10-2012, Ley de Actualización Tributaria, cuya regulación específica en esta materia comenzará a regir a partir del primero de enero de 2013. En Latinoamérica, quedan pocos países por incorporar en su legislación fiscal los precios de transferencia, como Nicaragua y Las Guayanas, entre otros.

Es difícil explicar la legislación sobre precios de transferencia sin un ejemplo, y casi imposible de entenderla sin él. Espero que el siguiente caso práctico pueda ayudarnos a comprender la necesidad del Estado de Guatemala de controlar los precios de transacciones internacionales entre empresas relacionadas, así como la necesidad de los contribuyentes de contar con una adecuada planeación fiscal.
Asumiendo que la empresa A y la empresa B forman parte de un grupo corporativo y bajo los términos de la ley, encajan en el concepto de partes relacionadas sujetas a precios de transferencia. En este supuesto, si la empresa A domiciliada en Guatemala vende bienes a precios muy bajos a la empresa B en México, que luego los reexportará al resto del mundo, la utilidad de la empresa A será muy baja, en detrimento de la utilidad fiscal o base imponible sobre la cual se aplica la tasa del Impuesto Sobre la Renta en Guatemala. Al contrario, si la empresa A domiciliada en Guatemala vende a precios altos a la empresa B domiciliada en México, la utilidad fiscal o base imponible para calcular el Impuesto Sobre la Renta será alta en Guatemala. ¿Si usted fuera parte de la administración de la Corporación, recomendaría vender a precios altos o bajos para la reexportación de los productos que realice la empresa B en México? Esta respuesta dependerá de múltiples factores financieros, sin embargo, un factor a considerar será necesariamente la mayor o menor tasa impositiva de Impuesto Sobre la Renta que tenga cada país.

Bajo el ejemplo anterior, si las tasas impositivas son más bajas en Guatemala y la utilidad fiscal o base imponible se depura mediante la deducción de mayores gastos, convendrá a la empresa A vender a precios más altos a la empresa B, para generar la utilidad en Guatemala. Obsérvese que en este caso, el registro de precios altos beneficia también los ingresos fiscales del Estado de Guatemala, puesto que la empresa A pagará mayor Impuesto Sobre la Renta del que le hubiese correspondido en una venta tradicional entre partes independientes. Sin embargo, en este supuesto, la legislación fiscal mexicana no se queda de brazos cruzados, reclamará a la empresa B que reporté el costo de la adquisición de sus bienes a un precio de mercado, puesto que al haber registrado costos más altos la utilidad fiscal en México se vería afectada en perjuicio de su recaudación. Como vemos, existe un Estado que reclama que se registre un precio de mercado que no menoscabe sus ingresos tributarios; al mismo tiempo que el otro Estado procurará que dicho ajuste de precios no sea sensible para la determinación de la utilidad fiscal que se genera en este último país.
Siguiendo con el mismo ejemplo, si las tasas y la determinación de la utilidad fiscal se regularan y determinaran en mejores condiciones en México, la empresa A hubiese vendido a la empresa B a precios bajos para generar la utilidad fiscal en México. En este caso, la legislación fiscal en Guatemala reclamará que la empresa A que registre sus ventas a precios de mercado, como si fuesen transacciones entre partes independientes. ¿Qué sucedería si tanto el Fisco mexicano como guatemalteco reclamasen ajustes a los precios de transferencia bajo métodos diferentes, a fin de no menoscabar la utilidad fiscal en cada país, pero esta utilidad fiscal en conjunto resultase más alta que la utilidad de la corporación en conjunto? ¿No sería injusto que por la misma transacción, la empresa A fuese ajustada por el Fisco de Guatemala para reportar mayores precios y la empresa B fuese ajustada al mismo tiempo por el Fisco de México para reportar menores costos, cuyos precios en cada país fueron ajustados bajo métodos y condiciones distintas? Por esta razón, la legislación de precios de transferencia demanda la celebración de convenios internacionales entre administraciones tributarias para su aplicación.

En efecto, de no existir convenios internacionales y normas para determinar los precios de transferencia entre países de manera homogénea, la legislación orillaría a los contribuyentes a incurrir en doble tributación internacional. De ahí, que el Estado de Guatemala no deba aplicar precios de transferencia, si previamente no ha celebrado convenios internacionales con las Administraciones tributarias de otros países.
Esta es la regulación fiscal globalizada en la que ha quedado inmersa Guatemala para el año 2013 con la Ley de Actualización Tributaria. Nuestra legislación tributaria no ha quedado a la deriva de la globalización que ha experimentado el mundo en los últimos 30 años, evitando fugas de ingresos tributarios a otros países que se originan del capital e inversión local. En un clima de incertidumbre por la nueva legislación, es importante que los contribuyentes determinen cuanto antes si tienen en sus grupos empresariales partes relacionadas sujetas a precios de transferencia.

Artículos relacionados